Más soldados, más policías y la misma pregunta: ¿se resolverá la violencia en el suroccidente y el Caribe?
El Gobierno anunció refuerzos militares y policiales en Cauca, Valle, Putumayo, Bolívar y San Andrés, pero persiste la duda sobre si la estrategia de aumentar pie de fuerza basta frente a problemas estructurales como el narcotráfico y la minería ilegal.
El anuncio del Gobierno sobre el despliegue de más tropas y policías en el suroccidente colombiano y en la costa Caribe vuelve a poner sobre la mesa un debate de vieja data: ¿es suficiente con reforzar la presencia militar para transformar territorios marcados por el narcotráfico, el control armado ilegal y la ausencia de Estado? Cauca, Valle del Cauca y Putumayo recibirán blindados, pelotones y programas de sustitución de cultivos, mientras que Bolívar y San Andrés verán un aumento en los patrullajes y equipos de investigación.
En Jamundí, por ejemplo, se insiste en que la sustitución de cultivos acompañada por la Operación Sultana será la llave para declarar la zona libre de coca. En Putumayo, más de 200 uniformados entrenados en operaciones especiales y diez blindados se sumarán a la ofensiva contra grupos criminales, con la promesa de recuperar la seguridad en carreteras y ríos estratégicos. Y en el Caribe, el refuerzo incluye nuevas embarcaciones, pelotones en zonas donde el ELN ha sembrado minas y un plan millonario de cámaras de vigilancia en San Andrés.
Sin embargo, la realidad es más compleja que el número de soldados desplegados. Comunidades enteras reclaman que el problema no solo es de control militar, sino de oportunidades, inversión social y un verdadero reemplazo económico frente a los cultivos ilícitos. La pregunta que sigue sin resolverse es si esta estrategia logrará algo más que cifras de incautaciones, o si dentro de algunos meses los anuncios volverán a repetirse, con nuevos refuerzos y los mismos vacíos estructurales.
