El empresario Arturo Calle confirmó ante el Congreso que su compañía ha eliminado cerca de 2.000 empleos entre plantas, oficinas y tiendas, un recorte que atribuye directamente a la caída de ventas frente al crecimiento de Shein y Temu en Colombia. La cifra incluye alrededor de 1.200 puestos en las plantas de Pereira, 100 en oficinas, otros 100 proyectados y unos 600 en tiendas.
No es una simple queja empresarial: es el síntoma de una industria que enfrenta una competencia globalizada sin haber terminado de adaptarse. El consumidor colombiano no compra en plataformas asiáticas por capricho, sino porque encuentra precios, variedad y conveniencia que la oferta local, con frecuencia, no ha logrado igualar.
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Una competencia que no es pareja
Calle denunció una competencia “altamente desigual”, impulsada por el esquema de minimis, que facilita el ingreso de envíos de bajo valor y, según los empresarios, permite operaciones trianguladas o declaraciones por debajo del umbral. Ese mecanismo puede distorsionar precios y dejar a los productores nacionales en desventaja frente a mercancías que no enfrentan los mismos costos tributarios y aduaneros.
La preocupación es legítima. Si una empresa formal paga impuestos, seguridad social, arriendos, nómina y cumplimiento regulatorio, mientras compite con productos importados con menores cargas, el resultado no es solo menor rentabilidad: es menos empleo formal y menos recaudo para el Estado.
Pero el problema no empieza en Temu
Sin embargo, reducir la crisis a Shein y Temu sería una explicación demasiado cómoda. La industria textil colombiana arrastra desafíos estructurales: costos de producción elevados, informalidad, contrabando, dificultades logísticas, baja innovación en ciertos segmentos y una dependencia histórica de modelos de venta tradicionales. Las plataformas asiáticas aceleraron una transformación que el sector venía postergando.
El consumidor también cambió. Ya no espera temporadas de colección ni visita obligatoriamente un centro comercial: compara precios en segundos, revisa reseñas y recibe productos en casa. Si la moda nacional quiere conservar clientes, debe responder con diseño, calidad, servicio, rapidez y precios competitivos, no únicamente con una demanda de protección arancelaria.
Proteger no puede significar encarecer
La propuesta de aplicar IVA y eliminar el beneficio de minimis para envíos menores a 200 dólares busca “nivelar la cancha”, según el representante John Jairo Berrío. Pero toda medida tributaria tiene un efecto inmediato sobre el bolsillo del consumidor, especialmente en un país donde muchas familias recurren a estas plataformas precisamente porque les permiten acceder a productos más baratos.
Gravar más las importaciones puede aliviar temporalmente a algunos productores, pero no garantiza que el consumidor vuelva a comprar colombiano. Si los precios locales siguen siendo altos y la experiencia de compra no mejora, la medida podría traducirse en un impuesto adicional para los hogares sin resolver las causas de fondo de la pérdida de competitividad.
El empleo formal es la cifra que duele
Lo más serio del anuncio de Calle no es el impacto sobre una marca reconocida, sino lo que representa para Pereira y para las familias que dependían de esos puestos. La pérdida de 1.200 empleos en plantas productivas golpea a una región con fuerte tradición textil y muestra que la afectación no es abstracta: son salarios, seguridad social y oportunidades que desaparecen.
Además, cuando se pierde empleo formal, el daño se multiplica. El Estado recibe menos impuestos y aportes, mientras aumentan las presiones sobre servicios públicos y programas sociales. Calle tiene razón al señalar que el país debe discutir no solo el comercio electrónico, sino el tipo de economía que quiere construir.
La suplantación exige respuesta estatal
El reclamo contra la suplantación de marcas sí merece una respuesta firme e inmediata. La venta de imitaciones o productos que aprovechan indebidamente la reputación ajena no es competencia: es una afectación al consumidor, a la propiedad intelectual y a la confianza en el comercio digital.
Aquí el Gobierno y la Dian tienen una tarea concreta: reforzar controles aduaneros, perseguir el contrabando, sancionar la falsificación y garantizar que las plataformas operen bajo reglas claras. Eso es distinto de castigar por igual todas las importaciones legítimas que llegan en paquetes pequeños.
Un empresario con nueva influencia política
El debate adquiere otra dimensión porque Arturo Calle fue designado en agosto de 2026 para liderar el Comité de Sabios que asesora al presidente Abelardo de la Espriella. Su voz, por tanto, no representa únicamente a una empresa: tiene una plataforma cercana al poder para influir en decisiones económicas nacionales.
Eso exige prudencia. Sus alertas sobre empleo y competencia desleal deben escucharse, pero también deben contrastarse con datos verificables, estudios de impacto y las consecuencias para los consumidores. Una política pública no puede diseñarse solo desde la urgencia de un sector, por legítima que sea su preocupación.
La salida no es cerrar la puerta
Colombia necesita una estrategia doble: combatir con rigor el contrabando y la suplantación, y al mismo tiempo modernizar la industria textil para competir en el comercio digital. Proteger el empleo formal es indispensable, pero la protección más duradera no será un muro tributario: será una industria capaz de ofrecer productos atractivos, precios razonables y experiencias de compra a la altura de sus competidores globales.
Si el país solo responde con impuestos, podría ganar una batalla y perder la guerra. Si combina control efectivo, modernización productiva, apoyo a las pymes y defensa del consumidor, tendrá una oportunidad real de convertir esta crisis en una reforma necesaria.
