Cúcuta tendrá militarización temporal
El Gobierno anunció el aumento de la presencia del Ejército y nuevas operaciones de seguridad en la capital de Norte de Santander, tras el asesinato del candidato a la Alcaldía Miguel Castellanos y un atentado que dejó seis personas heridas.
La situación de orden público en Cúcuta encendió las alarmas del Gobierno nacional, que ordenó la militarización temporal de la ciudad luego de dos hechos violentos registrados en menos de una semana. La decisión contempla un despliegue adicional de tropas y un trabajo coordinado con la Policía para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de los habitantes.
El anuncio se produjo después del asesinato a tiros de Miguel Castellanos Serrano, quien aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta y fue atacado el pasado lunes cerca de una estación de servicio. El dirigente era mayor retirado de la Policía y había ocupado la Secretaría de Gobierno municipal, desde donde trabajó en temas de seguridad, recuperación del espacio público y acceso a la justicia.
A este hecho se sumó la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que conecta a Colombia con Venezuela. La explosión dejó seis personas heridas, entre ellas cuatro civiles y dos integrantes de la Policía, aumentando la preocupación por la situación de seguridad en esta zona fronteriza.
Frente a este panorama, el Gobierno anunció que el Ejército incrementará su presencia en Cúcuta y trabajará junto con la Policía en acciones de vigilancia, control territorial y persecución de las estructuras criminales. También se confirmó la puesta en marcha de la operación militar y policial Esparta y de un bloque de seguridad, previsto para comenzar el martes 3 de noviembre.
¿La militarización es la solución?
La decisión plantea nuevamente una pregunta sobre las estrategias de seguridad en las ciudades colombianas: ¿un mayor despliegue militar es suficiente para reducir la violencia? Si bien la presencia de la Fuerza Pública puede contribuir a recuperar el control en sectores afectados por la criminalidad, sus resultados deben medirse más allá del número de uniformados desplegados o de los operativos realizados.
Un antecedente que vale la pena revisar es el de Santa Marta, donde también se implementaron medidas especiales de seguridad con presencia de la Fuerza Pública para enfrentar los problemas de orden público. Esa experiencia deja sobre la mesa la necesidad de evaluar si este tipo de intervenciones logra una reducción sostenida de los homicidios y otros delitos, o si sus efectos son principalmente temporales.
En el caso de Cúcuta, el desafío es mayor por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela y su cercanía con el Catatumbo, una región donde históricamente han tenido presencia grupos armados ilegales y organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando. Por eso, además de los controles militares, será necesario fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y las acciones contra las finanzas de estas estructuras.
Por ahora, habrá que esperar las cifras de seguridad de las próximas semanas y meses para determinar si la militarización consigue resultados positivos. La reducción de homicidios, atentados, extorsiones y otros hechos delictivos será clave para establecer si la estrategia funciona o si se requieren medidas adicionales que atiendan las causas de la violencia y garanticen condiciones de seguridad duraderas para los habitantes de Cúcuta.
