Gobierno garantiza continuidad de Lili Pink y Yoi
La SAE aseguró que la prioridad es proteger los empleos y mantener en funcionamiento las tiendas mientras avanza el proceso judicial contra Fast Moda S.A.S.
El Gobierno Nacional, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), reiteró su compromiso con la continuidad de las operaciones de las marcas Lili Pink y Yoi, luego del proceso de extinción de dominio que actualmente enfrenta la sociedad Fast Moda S.A.S., propietaria de ambas cadenas comerciales.
La entidad confirmó que hasta el momento ha recibido 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales que buscan terminar de manera unilateral los contratos de arrendamiento de los locales donde funcionan las tiendas de la compañía. Además, se reportaron 23 requerimientos relacionados con aclaraciones y precisiones sobre el proceso judicial.
Según explicó la SAE, todas las solicitudes han sido atendidas por el administrador designado para la empresa, quien actualmente lidera el manejo de los activos y adelanta un diagnóstico integral de la situación financiera, contractual, laboral y operativa de Fast Moda S.A.S.
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El objetivo de este análisis es establecer las condiciones reales de funcionamiento de la compañía y definir las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las operaciones comerciales y evitar afectaciones mayores para empleados y proveedores.
La entidad también destacó que uno de los principales enfoques del proceso es la protección de los derechos laborales de los trabajadores vinculados a las marcas. Por esta razón, la SAE confirmó que se vienen adelantando mesas de trabajo permanentes con el Ministerio del Trabajo para salvaguardar la estabilidad laboral y la continuidad de los empleos.
Asimismo, la Sociedad de Activos Especiales aseguró que tanto Lili Pink como Yoi continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia y cumplimiento normativo, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes sobre la empresa.
Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a empresarios, arrendadores y demás actores involucrados para actuar con responsabilidad y sensibilidad social, teniendo en cuenta el impacto que cualquier decisión podría generar sobre cientos de trabajadores y sus familias en diferentes regiones del país.
