Gobierno refuerza acciones para controlar la población de hipopótamos en Colombia
El plan incluye esterilización, confinamiento y, en última instancia, eutanasia, ante el impacto ambiental de esta especie invasora

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para enfrentar la creciente presencia del hipopótamo común en Colombia, una especie declarada invasora que representa serias amenazas para los ecosistemas y las comunidades en varias regiones del país.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió lineamientos que buscan fortalecer el manejo y control de estos animales, luego de que fueran catalogados oficialmente como especie exótica invasora mediante la Resolución 0346 de 2022.
Según las autoridades, la presencia de estos animales implica un alto riesgo para la biodiversidad nativa, especialmente en la cuenca del río Magdalena, donde su expansión ha generado afectaciones en los ecosistemas acuáticos y en las actividades económicas de las comunidades.
Estudios han evidenciado que el hipopótamo altera significativamente el entorno natural. Su tamaño y comportamiento modifican la dinámica de los ríos, mientras que sus desechos reducen el oxígeno del agua y aumentan los niveles de nutrientes, provocando la muerte de peces y plantas, además de impactar a las poblaciones que dependen de estos recursos.
Como primera alternativa, el Gobierno ha buscado trasladar los animales a otros países; sin embargo, esta opción ha enfrentado múltiples obstáculos, como restricciones legales, altos costos y falta de espacios adecuados. Aunque se han adelantado gestiones con países como México, Filipinas e India, y con organizaciones internacionales, no se han logrado acuerdos significativos. En el país, solo el Bioparque Guátika ha manifestado capacidad para recibir un número muy limitado de ejemplares.
Ante estas dificultades, el plan contempla medidas como la esterilización obligatoria y el confinamiento en zonas donde ya habita la especie, con el fin de frenar su reproducción y evitar su expansión hacia nuevas regiones, como la costa Atlántica.
Como última opción, y bajo estrictos criterios técnicos, se contempla la caza de control o eutanasia. Esta medida se aplicaría únicamente cuando las alternativas no letales resulten inviables, garantizando protocolos que minimicen el sufrimiento animal y cumplan con las normas de bioseguridad.
La implementación de estas acciones estará a cargo de las autoridades ambientales regionales, entre ellas Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la CAS, quienes deberán presentar informes periódicos sobre el avance del plan y el monitoreo de esta especie en el territorio nacional.




