La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una actividad ilícita que representó grave riesgo para la salud de los niños y niñas, que se benefician del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y municipios de Santander.
Carne de caballo y de burro era entregada en las raciones alimentarias, por cuenta de un engaño que habría estructurado Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, un comerciante de la región.
Las investigaciones de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, en trabajo articulado con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), permitieron conocer que Trujillo Gómez, en asocio con otras personas, compraba caballos y burros, muchos de ellos enfermos o muertos, en la Costa Atlántica.
Al parecer, con guías de movilización falsas trasladaba los animales hasta Bucaramanga y allí los sacrificaba. La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo. Luego, la empacaban al vacío y le ponían sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res.
Como un producto vacuno era facturado y soportado para distribuirlo.
Mediante este engaño, alias El Padrino o El Gemelo vendió semanalmente entre 2.000 y 2.500 kilogramos de carne a los operadores del PAE en Bucaramanga y Santander. La actividad ilegal la habría realizado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, y le representó ingresos superiores a los 500 millones de pesos.
Judicialización
Una Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Fernando Trujillo Gómez los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía presentó comunicaciones entre el procesado y sus presuntos cómplices, en las que pedía inyectar la carne con más químico porque quedaba muy dura y en los colegios no la podían cocinar; así como mensajes en los que coordinaba la evasión de los controles fitosanitarios para movilizar caballos y burros, entre otras actividades ilegales.
Ante el abundante material probatorio y la evidencia física obtenida en casi dos años, el juez de control de garantía impuso a Trujillo Gómez medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este resultado hace parte de la priorización hecha por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de las investigaciones que buscan esclarecer hechos que afectan la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes.