La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al entonces alcalde de Mariquita, Tolima, Álvaro Bohórquez Osma (2012-2015), y la secretaria General Administrativa, Leidi Diana Rubio Aguirre, por presuntas irregularidades en el Contrato SAM-SBG-007-2015 suscrito con MAPFRE Seguros Generales de Colombia S. A.
El ente de control cuestionó al exmandatario por, presuntamente omitir su deber de vigilar y controlar la actividad precontractual y contractual, y delegar en la secretaria Rubio Aguirre el proceso de adquisición de pólizas para amparar los bienes muebles, inmuebles, vehículos y maquinaria del municipio.
Al parecer, en el pliego de condiciones se habría exigido a los oferentes tener en Mariquita una sucursal o agencia debidamente conformada, con duración mínima de un año.
Con esta actuación se habrían podido incumplir principios de la contratación estatal como la responsabilidad, transparencia y selección objetiva.
Entre las normas posiblemente transgredidas el ente de control citó el artículo 12 de la Ley 136 de 1994 que establece que “los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos (…). En ningún caso (…) los representantes legales (…) quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”.
Con esta posible conducta los exfuncionarios también habrían podido vulnerar el artículo 209 de la Constitución Política que señala que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”.
La Procuraduría Provincial de Honda calificó provisionalmente la conducta de Bohórquez Osma como grave a título de culpa grave, y la de Rubio Aguirre como gravísima a título de culpa gravísima.