Golpean minería ilegal en Ataco
Las autoridades reportaron 69 operaciones contra la extracción ilegal de oro en Tolima, además de la destrucción de más de 100 equipos y la incautación de 70.000 galones de combustible.
La lucha contra la extracción ilegal de oro continúa en el sur del Tolima. Este viernes 25 de septiembre, en Ataco, se realizó un Puesto de Mando Unificado para revisar los resultados de los últimos operativos y las acciones que se adelantan para proteger los ecosistemas de la región.
Según las autoridades, en el departamento ya se han realizado más de 69 operaciones contra actividades de minería ilegal. En estos procedimientos también han sido destruidas más de un centenar de máquinas amarillas y se han incautado alrededor de 70.000 galones de combustible.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, señaló que una de las principales preocupaciones está relacionada con los daños ocasionados al río Atá y otros ecosistemas por la extracción ilegal de minerales.
Los operativos han contado con la participación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, además de otras autoridades. La estrategia busca intervenir los puntos donde se desarrolla la actividad y afectar la infraestructura utilizada para la extracción y el transporte de materiales.
Uno de los procedimientos más recientes se realizó en la vereda Paipa, en jurisdicción de Ataco. Allí fueron intervenidos tres puntos de extracción ilícita de oro y se inutilizaron cinco excavadoras y dos motores industriales, de acuerdo con información de la Dirección Nacional de Carabineros y Protección Ambiental.
El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Carabineros y Protección Ambiental, indicó que la afectación a esta estructura estaría cercana a los $2.570 millones. Según explicó, cada excavadora tendría una capacidad de producción aproximada de 2.600 gramos de oro al mes.
Las autoridades también señalaron que la actividad ilegal podría representar una fuente de financiación para grupos armados. De acuerdo con sus estimaciones, estos grupos podrían obtener cerca de $175 millones mensuales mediante el constreñimiento económico sobre la producción minera.
Durante el PMU, las autoridades anunciaron que mantendrán los controles en esta zona del departamento, especialmente sobre las actividades que puedan afectar el río Atá y otros recursos naturales. Los operativos buscan además reducir la capacidad logística y económica de las estructuras vinculadas a la extracción ilegal de oro.
