La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, imputó cargos en contra del alcalde de Chaparral (Tolima), su secretario de infraestructura y cuatro personas más, supuestamente comprometidas en irregularidades en un contrato para la construcción del coliseo mayor del municipio de cara a la celebración de los Juegos Nacionales que se tenían previstos para el año 2015.
Se trata de Hugo Fernando Arce Hernández, el alcalde municipal, José Ricardo Barrera Rodríguez, secretario de Infraestructura y Desarrollo, y miembro del comité evaluador y supervisor del contrato; Camilo Andrés Busto Varón, contratista y representante de la Unión Temporal Juegos Nacionales y Juan de Dios López Ortiz, integrante de La Unión Temporal Juegos Nacionales y subcontratista. Lo propio sucedió con Celso Román González y José Rodrigo Herrera Mejía, estos dos últimos, interventores.
Las seis personas fueron imputadas, según sus responsabilidades individuales, como presuntas responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Los hechos motivo de esta diligencia judicial ocurrieron en marzo pasado cuando peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía Seccional Tolima, detectaron irregularidades en las etapas precontractual, contractual, y liquidación del contrato de obra pública 078 de 2015, cuyo objeto era la construcción del referido coliseo, y cuyo valor alcanzó los 6 mil millones de pesos
Las investigaciones llevaron a determinar que en los pliegos de condiciones de la licitación pública fueron modificados la mayoría de items de los estudios y diseños, y a su vez crearon otros que no estaban previstos y con los cuales cambiaron unidades de medida y se incurrió en sobrecostos de más de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
Según se logró evidenciar, las obras se ejecutaron con materiales de mala calidad, malos acabados, y aun así se recibió con visto bueno la obra, y por ende se liquidó el contrato.
Estos resultados hacen parte de la política institucional del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ‘En la calle y en los territorios’ en la lucha contra la corrupción.