La silla de ruedas que revela las fallas del sistema de salud en Colombia
La Corte Constitucional tuvo que intervenir para garantizar un derecho básico que una EPS negó, pese a órdenes médicas y a la normativa vigente.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que obliga a la EPS Sanitas a suministrar una silla de ruedas a un joven con movilidad reducida expone, una vez más, las grietas profundas del sistema de salud en Colombia. Resulta alarmante que una ayuda técnica incluida en el Plan de Beneficios en Salud haya sido negada, obligando al paciente y a su familia a emprender una batalla judicial para que se respete un derecho elemental.
Lo más preocupante es que dos instancias judiciales previas habían negado el amparo, bajo el argumento de falta de pruebas médicas, desconociendo diagnósticos y órdenes ya existentes. Este tipo de decisiones, que terminan revirtiéndose en la Corte, no solo retrasan la atención sino que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas más vulnerables. Cada negativa injustificada se traduce en meses de espera, desgaste emocional y afectaciones irreparables en la calidad de vida.
El caso pone en evidencia la distancia entre la normativa y la práctica: aunque la ley obliga a las EPS a cubrir estos elementos y recobrar posteriormente los recursos ante la Adres, muchas trasladan al paciente el peso de la burocracia. La intervención del juez constitucional no debería ser la regla, sino la excepción. Que una silla de ruedas se convierta en motivo de litigio es el reflejo de un sistema que prioriza trámites y costos por encima de la dignidad humana.
