La minería ilegal ya ha devastado 491 hectáreas en el sur del Tolima
Un nuevo estudio de Cortolima reveló que la actividad ilícita continúa expandiéndose y ya afecta ríos, bosques y zonas de recarga hídrica. La situación genera preocupación por el impacto ambiental y el llamado es a reforzar las acciones del Estado para frenar esta problemática.
La minería ilegal sigue avanzando sobre los ecosistemas del sur del Tolima. Un reciente estudio técnico de Cortolima reveló que la actividad ilícita ya ha afectado 491 hectáreas de territorio, una cifra que evidencia el crecimiento de este delito ambiental y la magnitud del daño ocasionado a fuentes hídricas, bosques y ecosistemas estratégicos del departamento.
El informe determinó que 259 nuevas hectáreas resultaron impactadas durante los últimos meses, las cuales se suman a las 232 hectáreas identificadas en febrero de este año. Para llegar a estas conclusiones, la autoridad ambiental realizó sobrevuelos, visitas de campo, análisis de calidad del agua, estudios de cobertura vegetal e interpretación de imágenes satelitales.
Las afectaciones se concentran en las quebradas Tuluní, Apa y Guanábano, así como en el río Amoyá, además de sectores donde ya se habían detectado daños en el río Saldaña, el río Atá y la quebrada Pole. En total, fueron identificados 18 tipos de cobertura natural afectados por la extracción ilegal de minerales.
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Uno de los hallazgos más preocupantes es que los cauces de los ríos representan la mayor pérdida ambiental, con 137 hectáreas intervenidas directamente por maquinaria pesada. Esta actividad ha provocado la modificación del curso de los ríos, la remoción de sus lechos y un incremento en la turbidez del agua, poniendo en riesgo la biodiversidad y el abastecimiento hídrico de la región.
Los técnicos también documentaron afectaciones sobre especies de fauna, especialmente la ictiofauna, pérdida de vegetación protectora de las rondas hídricas y riesgos de contaminación por combustibles y aceites utilizados durante las labores de extracción.
Aunque en el último año se han desarrollado 17 operativos conjuntos entre la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Cortolima, y se han adelantado 88 procesos sancionatorios, la minería ilegal continúa desplazándose hacia nuevas zonas del departamento, incluyendo municipios como Santa Isabel, Casabianca y San Sebastián de Mariquita.
La situación pone en evidencia que los operativos, aunque importantes, no han sido suficientes para detener una problemática que continúa expandiéndose y amenaza uno de los patrimonios naturales más importantes del Tolima. El impacto no solo es ambiental, sino también social y económico, debido a las consecuencias que genera sobre las fuentes de agua y las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Ante este panorama, diferentes sectores han insistido en la necesidad de una respuesta más contundente por parte del Estado. El llamado es a la Gobernación del Tolima, al Gobierno Nacional, a los organismos de control y a las autoridades judiciales y ambientales para fortalecer las acciones contra las estructuras dedicadas a la minería ilegal, aumentar la presencia institucional en las zonas afectadas y garantizar la protección de los recursos naturales antes de que el daño sea irreversible.
